El Gobierno da un paso atrás en
la equiparación de derechos entre los trabajadores y trabajadoras del servicio
del hogar familiar. A 31 de diciembre de 2011 había 294.900 personas afiliadas
al régimen especial de la seguridad social de empleo doméstico y en noviembre
de 2012, 411.500 un incremento de más
de 100.000 personas afiliadas con el nuevo sistema emanado del Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre; a pesar de este éxito obtenido en la regulación
del sector el gobierno del Partido Popular se ha sacado de la manga un nuevo
decreto, el Real Decreto Ley 29/2012 de mejora de gestión y protección social
en el Sistema Especial de Empleados de Hogar y otras medidas de carácter
económico y social, y lo hace con la banal, infantil y falsa excusa de que “se ha puesto de manifiesto la existencia de
algunas anomalías en su funcionamiento que motivan la necesidad de introducir
mejoras en su configuración jurídica” lo cierto es que lo que se ha hecho es ni
más ni menos que devolver a las empleadas de hogar, en muchos aspectos, a la
época anterior, es decir a una situación similar a la que tenían bajo el
paraguas jurídico del R.D. 1424/85 lo que significa volver a la desigualdad y a
la precariedad.
Esta medida ha sido tomada por el
Gobierno con un incumplimiento fragante del R.D. 1620/2011 que recoge
textualmente “la realización por parte
del Gobierno de una evaluación del impacto en el empleo y en las condiciones de
trabajo (incluidas las disposiciones en materia de seguridad social) previa
consulta con los Interlocutores Sociales.” No se han cumplido estas
disposiciones sino muy al contrario se ha sustituido parte de esta ley que al
parecer tanto molesta a los actuales gobernantes, y lo que es más grave se han
modificado unas medidas consensuadas con los Agentes Sociales y refrendada por
el parlamento cambiándolas por el sistema de “Ordeno y Mando” que significa el
Real Decreto, es decir sin negociar con los agentes sociales y sin pasar
trámite parlamentario alguno.
Pero aún es peor porque con estas
medidas nos quedamos lejos de ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre el
trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. España, que
con la regulación que entró en vigor el 1 de enero de 2012 hubiera podido ratificar
el Convenio sin problema alguno emprende con esta modificación un camino hacia
atrás que aleja las posibilidades de cumplir y ratificar lo establecido en el
Convenio, (después queremos hacer alarde de la imagen internacional de España).
Y este retroceso se produce no solo por el retroceso en materia de Seguridad
Social que implica un tratamiento desigual y condiciones menos favorables para
los trabajadores domésticos que para el resto de trabajadores, sino porque
especialmente en la norma que regula la relación laboral especial existían
disposiciones que el Gobierno ha incumplido. Entre ellas, la creación de un
grupo de expertos tripartito para evaluar la posibilidad de establecer la
prestación por desempleo y la viabilidad
de aplicar el régimen de extinción del contrato previsto en el Estatuto de los
Trabajadores.
Una vez más y empleando el atajo
que permite al Gobierno soslayar el debate parlamentario nos encontramos con
una política de hechos consumados con medidas que solamente tienen un sentido ideológico
y clasista perjudicando siempre a los más desprotegidos. EL Gobierno Del Partido Popular vuelve a dar carta de legitimidad a la
injusticia social.
Rafael Cañete Rubio
Secretario de Organización
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